Historia
La figura del Hábeas Corpus como recurso constitucional se introdujo en Costa Rica en pleno siglo XIX, como resguardo republicano de la libertad e integridad personal frente a las potestades del Estado. La Constitución de 1871 fue la primera en incorporarlo, y ha permanecido desde entonces como el mecanismo procesal más inmediato para garantizar el derecho de las personas detenidas o perseguidas por el poder público, al examen judicial sobre la legitimidad de dicha detención.
En su concepción original—y por disposición expresa de las tres Constituciones Políticas que sucesivamente lo incorporaron en nuestro ordenamiento—, el órgano judicial competente para resolver el Hábeas Corpus fue la Corte Plena. Sin embargo, durante mucho tiempo no hubo claridad sobre el procedimiento para tramitarlo, hasta que se emitió en 1909 la primera Ley de Hábeas Corpus. Posteriormente se emitieron dos leyes más en 1922 y 1932; y esta última permaneció en vigencia 57 años, hasta que la gran reforma de 1989 trasladó a la Sala Constitucional el conocimiento del recurso.
A lo largo de la vigencia de estas tres leyes—periodo que abarcó la mayor parte del siglo 20—, los Magistrados conocieron y sentenciaron más de 13.500 casos de Hábeas Corpus, relacionados con detenciones de la más diversa índole. Muchas de estas resoluciones marcaron época en su momento, y representan además un impactante testimonio de la evolución de las instituciones de la República a través de casi ocho décadas. Sin embargo, este vasto universo de jurisprudencia histórica nunca fue catalogado ni sistematizado de una forma eficiente, que facilitase a futuros investigadores su consulta o utilización. El único vestigio de estas resoluciones yacía en las entrañas de los voluminosos libros de actas de las sesiones de Corte Plena—que hasta 1945 eran manuscritos—, lejos de la consciencia de las nuevas generaciones, o bien de esfuerzos muy puntuales por analizar períodos concretos.
El régimen de libertades públicas del que goza hoy nuestro país, está tan interiorizado, que a la actual generación se le hace difícil imaginar que en algún momento Costa Rica haya sido diferente. Es casi imposible suponer que la arbitrariedad fuese en el pasado una práctica cotidiana, que las garantías constitucionales permanecieran suspendidas por casi una década (de 1941 a 1949, salvo breves periodos de restablecimiento) o que juristas a quienes hoy se venera como grandes luminarias en sus campos—pero que carecían de la menor formación en tutela de derechos humanos—cohonestaran arbitrariedades que hoy serían impensables. La perspectiva correcta de cuánto se ha avanzado en materia de libertad, sólo puede tenerse luego de una exploración honesta y autocrítica del pasado; y en este contexto, las resoluciones de la Corte Plena en materia de Hábeas Corpus representaban un tesoro escondido, que entre otras cosas revelan una historia llena de arbitrariedades y persecuciones políticas, frente a una Corte complaciente y dócil al poder de turno.
De esta forma surgió el reto de digitalizar estas resoluciones y crear una base de datos confiable, para beneficio de juristas, historiadores y público en general. Y con el aval del Consejo Superior del Poder Judicial—expresado en el acuerdo tomado en la sesión Nº 57-16 celebrada el 9 de junio de 2016—, se puso en marcha el proyecto de recopilación de las resoluciones de Hábeas Corpus, cuyo resultado es el que ahora está en sus manos.
La ventana hacia ese pasado difícil está ahora abierta. Con las resoluciones de Corte Plena catalogadas y sistematizadas, es posible viajar en el tiempo y adentrarse en los fascinantes entresijos de la historia de Costa Rica, para descubrir secretos a menudo espeluznantes. En las siguientes páginas daremos un recorrido por estos hallazgos.
