Temas usuales y “clientes frecuentes”

 

Para la primera etapa del proyecto, se planteó revisar cada uno de los tomos de actas de sesión de Corte Plena, localizando de esta manera las sentencias que correspondan a los Hábeas Corpus. Los tomos disponibles en el Archivo Judicial y la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia comprendían, salvo algunos baches, el periodo comprendido entre 1918 y 1989: un total de 71 años de resoluciones.

Durante este periodo, la Corte conoció y resolvió alrededor de 13.000 recursos de Hábeas Corpus. No obstante, y dado el estrecho ámbito de libertades para cuya tutela procede este recurso, es posible agrupar casi todas las resoluciones en un puñado de temas frecuentes. En efecto, la mayor parte de estos recursos se inscribía dentro de alguna de las siguientes categorías:

   1. Detenciones arbitrarias de tipo político o militar.
   2. Hostigamiento policial.
   3. Imputados por aparentes delitos.
   4. Temas migratorios.
   5. Reclusiones en centros de salud.
   6. Régimen disciplinario policial o militar.
   7. Internamiento de menores de edad en albergues y reformatorios.
   8. Apremios corporales por pensión alimentaria o por causas civiles.

Ahora bien, los temas no eran lo único reiterativo. A través de las resoluciones ha sido posible identificar también a una gran variedad de protagonistas que, por diversos motivos, llegaban con cierta regularidad a los estrados de la Corte Plena. Entre estos también es posible reconocer ciertos perfiles:
  1. Profesionales en Derecho, en resguardo de los intereses de sus clientes. Ejemplos notables son el abogado guanacasteco Ramón Zelaya Villegas—quien, además de ser perseguido durante la dictadura de los Tinoco, tuvo una extensa trayectoria como jurista a lo largo de más de 40 años—, y otros como Guillermo Carranza Solís (entre las décadas de 1930 y 1950), David Cavicchioni Bonilla (a partir de la década de 1940) y Luis Guillermo Marín Aguilar (en los años 70 y 80).
  2. Activistas judiciales, a menudo en zonas alejadas, e involucrados usualmente en movimientos sociales o políticos. Ejemplos sobresalientes son Gustavo Ramón Pinel Córdoba, en la región de Osa durante la década de 1950, y Gonzalo Sierra Cantillo, quien intervino en asuntos migratorios que involucraban a militantes del comunismo durante las décadas de 1950 y 1960.
  3. Dirigentes políticos. En este grupo destacan legendarias personalidades de la historia nacional, incluyendo a Manuel Mora Valverde y Carlos Luis Fallas Sibaja—destacados dirigentes del comunismo criollo, perseguidos por las autoridades durante diversos intervalos desde la década de 1930 hasta la de 1960—, así como el célebre general Jorge Volio Jiménez—perseguido y exiliado por los Tinoco, candidato a la Presidencia en 1923, y reiteradamente detenido en 1948 y años posteriores por su filiación calderonista y sus supuestas conspiraciones—, entre otros. Los tres mencionados, curiosamente, han sido declarados Beneméritos de la Patria.
  4. Extranjeros políticamente problemáticos. En esta categoría pueden ser incluidos Antonio Giustiniani Casabianca—médico francés expulsado del país por oponerse a la tiranía de los Tinoco, y declarado Ciudadano de Honor al caer estos—; Humberto Barahona Briones—abogado nicaragüense expulsado del país en 1939 por oponerse a las relaciones entre la dictadura de Somoza y el gobierno de León Cortés, y padre de Oscar Barahona Streber—; y Adolfo Braña Rozas—sindicalista español, que fue la primera persona en ocupar un cargo de elección popular bajo la bandera del Partido Comunista, y a quien se expulsó del país en 1933 por instigar disturbios—.
  5. Imputados reiterativos por delitos de poca monta o procesados por “vagancia” bajo la Ley contra la Vagancia emitida por el régimen de Tinoco—una de las poquísimas normas que no fue suprimida por la Ley de Nulidades de 1922—. El listado de resoluciones permiten conocer sus nombres, de los cuales citaremos por su frecuencia a Oscar Salas Fernández, Ivan George Morris, Eduardo y Carlos Luis Chaves Porras, Miguel Ángel Guerra Rivera, Carlos Oronó Mora, y muchos otros.

También existen casos insólitos, como el de Enrique Guier Sáenz, quien en un lapso de pocos años pasó de ser Presidente de la Corte Suprema a ser tutelado en varios recursos de Hábeas Corpus, debido a su asociación política con el calderonismo, que lo llevó a ser detenido como aparente “conspirador” una vez establecido el régimen de facto de 1948-49: una trayectoria inversa a la seguida por Antonio Álvarez Hurtado, quien pasó de ser tutelado en recursos de Hábeas Corpus durante la dictadura de los Tinoco en 1918-19, a ser quien los resolvía como Magistrado a partir de 1920.